El diputado Samuel Pérez Álvarez, perteneciente al movimiento político que surgió junto al presidente Bernardo Arévalo, enfrenta ahora una fuerte controversia tras un incidente ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó recientemente ante los tribunales una solicitud para retirarle la inmunidad parlamentaria, tras considerar que su comportamiento podría constituir graves delitos administrativos y penales.
Un suceso que podría parecer menor o un hipotético exceso de autoridad capaz de generar consecuencias serias
El caso se originó cuando el legislador interceptó y rompió una carta que otro diputado el parlamentario Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su discurso con motivo del primer año de gobierno. La Fiscalía de Derechos Humanos ha calificado este acto de ruptura como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, delitos tipificados que justificarían que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez replicó con tono irónico frente a la acusación, describiendo la denuncia como un presunto “hojicidio” y afirmando que jamás tuvo la intención de ofender, sino que todo obedeció a un mero enfrentamiento político. Asimismo, restó credibilidad al denunciante al señalarlo como corrupto.
¿Por qué resulta relevante eliminar la inmunidad?
En Guatemala, los diputados disponen de inmunidad para salvaguardar su autonomía política, pero esta protección deja de ser absoluta cuando se presentan indicios de abuso de autoridad o episodios de discriminación.
Si el Congreso accede al pedido del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio, Pérez podría enfrentar un proceso penal abierto que lo exponga a sanciones legales, que incluyen desde multas administrativas hasta procesos ante tribunales ordinarios con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos imputados.
Además, este caso se da en un contexto de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, con múltiples solicitudes de retiro de inmunidad en trámite por distintos hechos, lo que ha generado debate público sobre la legitimidad y posible politización de los procesos judiciales contra figuras cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de ser un hecho aislado de conducta inapropiada dentro del hemiciclo parlamentario y ha derivado en un escenario jurídico que podría influir en su continuidad e incidencia política en el país, y, de confirmarse el levantamiento de su inmunidad, el diputado tendría que someterse a un proceso ante la justicia ordinaria cuyas repercusiones aún no se han determinado.
