Un general denuncia amenazas y presiones en la cúpula de la Guardia Civil: el escándalo que reabre el debate sobre su politización
El general Fernando Mora señala que el jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, habría intentado presionarlo para que no asistiera a los actos del Dos de Mayo de 2025, y las notas difundidas mencionan insultos, comentarios denigrantes y una supuesta amenaza física surgida durante una conversación entre ambos oficiales
La Guardia Civil atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años después de que el general de división Fernando Mora Moret, antiguo jefe de la Zona de Madrid, denunciara presuntas coacciones, amenazas y trato vejatorio procedentes de la propia cúpula del Instituto Armado.
En medio de la disputa se sitúa el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, quien dirige el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, una de las responsabilidades más relevantes dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su designación para dicho puesto se hizo pública en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior todavía lo señala como el encargado del Mando de Operaciones.
Según lo publicado por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría comunicado de forma oficial que Del Castillo trató de imponerle una directriz con tintes políticos: evitar su presencia en los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
Según el relato atribuido a Mora, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, habría dado la orden, que posteriormente habría sido comunicada por Luis del Castillo. El propósito aparente consistía en disminuir la presencia institucional del cuerpo en una ceremonia encabezada por Isabel Díaz Ayuso, considerada una de las principales rivales políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se reduce únicamente a un desacuerdo sobre el protocolo; lo realmente preocupante radica en la reacción que, según se alega, habría mostrado un alto mando cuando su subordinado puso en duda el carácter político de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones difundidas reconfiguran una conversación anterior que había tenido lugar a través de mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio divulgado por diversos medios incluye mensajes como “jefe superior y tú libráis”, una expresión con la que presuntamente se habría instruido a determinados mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a no presentarse en el acto institucional.
Fernando Mora habría visto aquella decisión como una maniobra orientada a menospreciar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según una de las frases que se le atribuyen, el general sintetizó el impacto de la orden señalando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo en una pieza más dentro de un enfrentamiento partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Ofensas, maltratos y una supuesta amenaza de agresión física
La tensión se habría intensificado durante una llamada telefónica mantenida el 30 de abril de 2025, apenas dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según las informaciones publicadas, Fernando Mora reprochó a su superior la creciente politización de la Guardia Civil y cuestionó que se involucrara al cuerpo en una disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción que se atribuye a Luis del Castillo habría destacado por una agresividad inusual. Diversas fuentes sostienen que el responsable del Mando de Operaciones habría increpado al general con frases como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, además de proferir insultos y expresiones de tono profundamente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Conviene remarcar, sin embargo, que los señalamientos se originan en la denuncia y en las grabaciones divulgadas o referidas por los medios, y serán las instancias competentes las que determinen la autenticidad de esos audios, su contexto íntegro y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o incluso penales que pudieran derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano refleja un nivel de grosería y agresividad incompatible con la alta responsabilidad operativa que desempeña dentro de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora afirmó que no había recibido el apoyo de sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano supuestamente respondió a gritos: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», transformando así un desacuerdo profesional en una cadena de ofensas personales y expresiones de carácter sexual profundamente denigrantes.
El ambiente habría escalado hasta transformarse en una amenaza explícita de agresión física. Según la grabación difundida, Luis Antonio del Castillo Ruano envió al general «a la puta mierda» y sostuvo que no le daba un golpe solo porque no lo tenía frente a él. Así, no sería una mera disputa subida de tono, sino una forma de presión ejercida por uno de los principales mandos de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el trasfondo político de la orden recibida.
A los insultos y la amenaza se habrían sumado descalificaciones como «gilipollas», acusaciones de deslealtad y reiteradas referencias a que Fernando Mora podía marcharse del cuerpo, regresar a su casa o solicitar el pase a la reserva. De acuerdo con las informaciones publicadas, Luis Antonio del Castillo Ruano llegó a señalarle hasta en dos ocasiones el camino de salida de la Guardia Civil, mientras le advertía de las consecuencias de enfrentarse a la decisión de la cúpula. Todo ello dibuja, siempre según la denuncia y los audios difundidos, un trato humillante y coercitivo incompatible con la serenidad, el respeto y la ejemplaridad exigibles a un teniente general.
Una denuncia excepcional dentro de la Guardia Civil
El conflicto ha tomado un cariz excepcional, ya que no corresponde a la simple reclamación de un agente contra su mando directo. La acusación enfrenta a dos generales y repercute de forma directa en uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han destacado el carácter excepcional de que un general de división denuncie a un teniente general, un hecho que evidencia la profundidad de la fractura abierta dentro de la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, reaccionó reclamando responsabilidades políticas y el cese de la directora general de la Guardia Civil. Según su comunicado, la información publicada apuntaría a que Mora recibió una instrucción política atribuida a Mercedes González para evitar la presencia de la Guardia Civil en el acto madrileño. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso plantea una cuestión ineludible: ¿cuánta capacidad real posee un mando profesional para negarse a cumplir una instrucción que percibe como política cuando la orden proviene de los más altos niveles del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil constituye un instituto armado de carácter militar que opera bajo una jerarquía rigurosa, y precisamente por esa estructura cualquier uso partidista de su cadena de mando adquiere una gravedad especialmente alta, ya que la obediencia profesional no debe transformarse en un medio para reclamar a los agentes una fidelidad política hacia el Gobierno de turno.
Los guardias civiles cumplen su labor en nombre del Estado, la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico. No actúan como servidores personales de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables del Gobierno. Aunque los altos cargos pueden fijar las líneas generales de la política de seguridad, no deberían recurrir a la estructura del cuerpo para perseguir adversarios, influir en investigaciones o forzar gestos que alimenten la confrontación institucional.
La huella que las presiones políticas proyectan sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora aparece, además, en un momento de enorme tensión dentro de la Guardia Civil.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga las supuestas presiones ejercidas sobre mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en causas relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, afirmó ante el juez Santiago Pedraz que nunca ordenó a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones con sensibilidad política. Asimismo, sostuvo que los expedientes y actuaciones internas iniciados contra ciertos agentes no respondían a maniobras de presión, sino que correspondían a trámites habituales.
Llamas asegura haber sido blanco de una campaña para desacreditarlo y sostiene que sus instrucciones pretendían que los jueces asumieran la conducción de las pesquisas. Asimismo, admitió que actuó tras recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior vinculadas a la filtración de datos sensibles.
Mercedes González, por su lado, ha desmentido haber influido en las pesquisas y ha rechazado cualquier conducta que pudiera perjudicar a la UCO. La directora general permanece bajo investigación judicial dentro del llamado caso Leire, donde también se examinan sus comunicaciones con Leire Díez y las presuntas acciones dirigidas a menoscabar la credibilidad de integrantes de la unidad investigadora.
Estos procedimientos son distintos de la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben confundirse. Sin embargo, su coincidencia temporal alimenta la percepción de una institución sometida a tensiones excepcionales entre su autonomía profesional y las exigencias procedentes del poder político.
Del deber de obediencia a la sumisión política
Una de las cuestiones más preocupantes del caso es la aparente confusión entre obediencia jerárquica y sometimiento partidista.
La Guardia Civil depende orgánicamente del Ministerio del Interior en buena parte de sus funciones, pero esa dependencia no convierte a sus integrantes en subordinados políticos de los ministros. Los mandos deben cumplir instrucciones legales relacionadas con la seguridad pública, la organización del cuerpo y el ejercicio de sus competencias. Algo muy distinto sería obligarlos a participar en operaciones de desgaste contra adversarios institucionales.
La acusación presentada por Mora expone que la presunta cadena de transmisión partiría de la cúpula política del cuerpo, continuaría a través del Mando de Operaciones y finalmente se impondría al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no se trataría únicamente de un desencuentro personal ni de un diálogo acalorado, sino de la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para transformar una decisión de carácter partidista en una instrucción de ámbito profesional.
La gravedad aumenta por las presuntas amenazas posteriores. Cuando un mando cuestiona una instrucción que considera política y recibe como respuesta insultos, vejaciones y advertencias sobre las consecuencias de su negativa, el problema deja de ser protocolario. Se convierte en una cuestión relacionada con la libertad profesional, la integridad institucional y la posible intimidación de quien se resiste a ejecutar una decisión controvertida.
Se requieren aclaraciones por parte del Gobierno
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han de explicar ante la ciudadanía quién tomó la decisión de reducir la presencia del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué argumentos oficiales respaldaron dicha medida y si se emitió alguna instrucción orientada de forma específica a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También tienen que detallar si estaban al tanto de la conversación entre Luis del Castillo y Fernando Mora, en qué momento fueron informados de las declaraciones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se puso en marcha alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitarse a presentar el episodio como una discusión privada entre dos militares. Los protagonistas ocupaban puestos de máxima responsabilidad y debatían sobre una orden que afectaba a la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución también tiene que establecer si las grabaciones fueron añadidas a algún proceso oficial, si se inició un expediente disciplinario y qué recursos existen para resguardar a los mandos que informen sobre presiones políticas.
El silencio o la falta de transparencia alimentarían inevitablemente las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han introducido de manera indebida en la estructura profesional del cuerpo.
Una ruptura en la confianza de las instituciones
Durante décadas, la Guardia Civil ha construido una elevada valoración social gracias al trabajo, sacrificio y profesionalidad de decenas de miles de agentes. Esa confianza no pertenece al Gobierno que en cada momento ocupe el poder, sino a la propia institución y a los ciudadanos a los que sirve.
Por ello, cualquier intento de convertirla en una herramienta de confrontación política provoca un daño que trasciende a los responsables directamente implicados.
Las expresiones atribuidas a Luis del Castillo resultan especialmente perturbadoras porque proceden de quien debe representar autoridad, serenidad y respeto por la disciplina. Un jefe no fortalece la jerarquía mediante amenazas o humillaciones. La destruye cuando sustituye la autoridad profesional por el miedo.
Pero el fondo del escándalo es todavía más profundo: la sospecha de que altos mandos puedan verse obligados a actuar no conforme al interés general, sino siguiendo instrucciones destinadas a favorecer al Gobierno o perjudicar a sus rivales.
La investigación deberá precisar qué ocurrió, quién impartió realmente la orden y qué responsabilidades corresponden. Mientras tanto, deben respetarse la presunción de inocencia y el derecho de todos los señalados a ofrecer su versión.
Eso no impide exigir transparencia inmediata. Las acusaciones son demasiado graves para ser ignoradas: un general denuncia a su superior; una instrucción profesional habría perseguido un objetivo político; y la negativa a cumplirla habría desencadenado insultos, amenazas y advertencias.
No está en juego únicamente la conducta de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González. Está en juego la independencia profesional de la Guardia Civil y la confianza de los ciudadanos en que sus agentes obedecen a la ley, no a los intereses partidistas de quienes temporalmente ocupan los ministerios.
