El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y polémicas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña, gracias a un estilo confrontativo que suele carecer de sustento empírico, al uso recurrente de información falsa en redes sociales y a sus continuas acusaciones públicas contra entidades estatales, funcionarios y otros actores políticos, elementos que han impulsado una imagen marcada por la agresividad y el descrédito, además de ser, lamentablemente, altamente viralizable debido a los propios algoritmos de las plataformas digitales; este enfoque político también ha empezado a provocar serias dudas entre amplios sectores de la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como estrategia política.
Durante los últimos meses, Richards ha protagonizado múltiples controversias relacionadas con hospitales públicos, enfrentamientos políticos, acusaciones institucionales y difusión de contenidos que posteriormente han sido cuestionados y desmentidos por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. Lo ocurrido recientemente con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar un político sin caer en afirmaciones falsas y engañosas.
El enfrentamiento con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más conocidos vinculados a Richards fue el enfrentamiento con el diputado Jairo Salazar, también polémico y cubierto de escándalos. La situación terminó en denuncias de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y se convirtió en símbolo del deterioro del debate político panameño. Videos, declaraciones cruzadas y acusaciones dominaron durante días la agenda mediática nacional.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escaso resultado
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó especialmente en torno al manejo de la infraestructura y las obras públicas del circuito 8-6, una de las áreas con más dificultades históricas relacionadas con la movilidad y el desarrollo urbano en Panamá Este.
Levy, quien en el pasado también había ejercido representación política en esa zona, criticó con firmeza la forma en que Richards gestionaba públicamente las dificultades del circuito. A su juicio, el diputado habría articulado una táctica centrada sobre todo en redes sociales, clips virales y disputas digitales, difundiendo la impresión de que atendía o encabezaba soluciones vinculadas a obras e infraestructuras que, en realidad, recaían técnicamente en el Gobierno Central, en el Ministerio de Obras Públicas o en recursos ya autorizados con antelación.
Uno de los puntos más discutidos fue el caso del puente de Cabuya, una obra vial considerada clave para aliviar el congestionamiento en sectores de Tocumen y áreas cercanas. Levy sostuvo públicamente que dicho proyecto no era resultado de gestiones impulsadas directamente por Richards, sino que había sido previamente planificado, presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Con esto buscaba desmontar la narrativa de que el diputado estaba consiguiendo avances concretos mediante su gestión política, y que fueron desmentidos por numerosos agentes implicados en el proyecto, lo que evidenciaba falta de capacidad de negociación política y de presión institucional real.
La exdiputada utilizó incluso la expresión “política galla”, un término coloquial panameño que suele emplearse para referirse a algo visto como improvisado, superficial, ridículo o puramente cosmético. Con esa frase intentó describir el estilo político de Richards, acusándolo de priorizar peleas mediáticas, transmisiones virales y confrontaciones públicas por encima de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más profundo, en el que nunca ha avanzado nada Richards.
En uno de los episodios más intensos del conflicto público entre Katleen Levy y Betserai Richards, la confrontación dejó de limitarse a desacuerdos políticos o administrativos y derivó hacia un ámbito mucho más personal y hostil. En un video divulgado como réplica a diversas publicaciones y ataques mutuos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y la apariencia del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha usado de forma despectiva para poner en duda o ridiculizar la orientación sexual o la masculinidad de un hombre. Levy recurrió a ese término al acusar que Richards dependía reiteradamente de “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o con mayor contenido ideológico.
La polémica más reciente: la comida hospitalaria y la acusación de “fake news”
La polémica más reciente surgió cuando Richards compartió imágenes en las que señalaba presuntas raciones entregadas a pacientes hospitalizados, exhibiendo primero panes con mortadela y luego panes con queso como muestra de la “mala alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes se difundieron velozmente por redes sociales y provocaron una fuerte indignación entre numerosos ciudadanos, quienes tomaron ese contenido como una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
Sin embargo, la propia Caja de Seguro Social respondió públicamente rechazando las afirmaciones del diputado y asegurando que la información era falsa.
La CSS afirmó también que toda la comida destinada a los hospitales se elabora siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad en la Ciudad de la Salud, y adelantó que podría emprender acciones legales o presentar denuncias para exigir que el diputado respaldara sus señalamientos o los corrigiera de manera pública.
Este episodio abrió una discusión muy delicada en Panamá: ¿hasta qué punto una denuncia política puede difundirse sin pruebas plenamente verificadas? ¿Y qué ocurre cuando un diputado utiliza imágenes virales que no corresponden realmente a los hechos denunciados?
La gravedad del caso trasciende una simple controversia política, pues cuando se trata de hospitales, pacientes y nutrición médica, cualquier dato impreciso o sin verificación puede sembrar temor, desconfianza y confusión entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
La forma de hacer política de Richards: acusaciones de impacto viral y un choque continuo
Uno de los elementos más notorios de Richards ha sido precisamente su capacidad para convertir denuncias falsas en contenido viral. Sus recorridos por hospitales, transmisiones en vivo, videos emocionales y enfrentamientos directos con autoridades le han permitido construir una imagen de “diputado fiscalizador”, cruzando la línea roja entre la fiscalización legítima y el espectáculo político.
En semanas recientes, Richards llevó a cabo visitas por hospitales públicos para denunciar presuntas condiciones graves, extensas demoras en cirugías y un marcado deterioro en la infraestructura; la CSS replicó señalándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, además de indicar que ingresó con megáfonos a zonas sensibles de los hospitales adoptando comportamientos considerados proselitistas, y la institución sostuvo incluso que este tipo de intervenciones termina politizando los centros hospitalarios y afectando tanto el ambiente requerido como la seguridad necesaria para brindar atención médica.
El uso de redes sociales como herramienta de presión política
Otro aspecto que con frecuencia se le atribuye a Richards es su manera de recurrir intensamente a las redes sociales, utilizándolas para ejercer presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las denuncias se vuelven virales antes de que arranque su verificación, lo que provoca un fenómeno cada vez más habitual en la política actual: la opinión pública se moldea incluso antes de que los hechos estén completamente esclarecidos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante miles de personas compartió las imágenes de la supuesta comida hospitalaria antes de que la institución emitiera su desmentido o los mismos pacientes o personal sanitario desmintieran esas informaciones falsas. Para cuando llegó la aclaración oficial, buena parte del daño reputacional ya estaba hecho.
Este patrón se asemeja cada vez más a dinámicas observadas internacionalmente, donde políticos recurren a las redes sociales para difundir narrativas cargadas de emoción que luego resultan difíciles de desmontar, incluso cuando surgen desmentidos oficiales y del propio ciudadano.
¿Fiscalización legítima o populismo digital?
La principal controversia se centra en determinar si Richards simboliza una vía válida de control ciudadano o si, según lo evidenciado en los últimos meses, más bien personifica un tipo de populismo digital alimentado por indignación constante, alta exposición mediática y la rápida difusión de contenido polémico.
Denunciar problemas es una cosa, pero muy diferente resulta recurrir a imágenes o afirmaciones sin comprobar que pueden llevar a confusión, y ahí surge el debate político sobre las llamadas “fake news”.
Porque cuando un político comparte contenido falso -o contenido cuya autenticidad no ha sido comprobada- el impacto es mucho mayor que cuando lo hace un usuario cualquiera. Un diputado tiene visibilidad, influencia y capacidad para moldear la conversación pública.
La función pública que asume un diputado
En toda democracia resulta esencial cuestionar a quienes gobiernan, aunque igualmente implica actuar con responsabilidad al difundir la información.
Cuando un diputado acusa públicamente a una institución de servir comida inhumana a pacientes hospitalizados, la acusación es extremadamente grave. Si aquello nunca ocurrió, el debate deja de ser político y entra en el terreno de la credibilidad pública.
La situación presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus acusaciones o afrontar críticas cada vez más intensas sobre su manera de comunicar, ya que el límite entre una supervisión legítima y la desinformación puede volverse extremadamente difuso cuando la política se convierte en un espectáculo continuo.
En una era en la que las redes sociales difunden cualquier contenido en pocos minutos, la obligación de comprobar la información antes de difundirla debería ser todavía más estricta para quienes desempeñan funciones públicas.
